Juicios a genocidas
Desde el 2003 hasta hoy escuchamos que Argentina se ha convertido en el país de los derechos humanos. El gobierno retomó los juicios a los genocidas; derogando leyes como obediencia debida y punto final. Estos pasos fueron fundamentales, porque permitieron que fueran acusados 1778 genocidas.
En este punto se avanzó, también, reconociendo el carácter de genocidio de los crímenes entre el 1976 y 1983: lo que implica reconocer que se trató de un proyecto sistemático de terrorismo de Estado de asesinar a una generación militante y su proyecto; y de imponer de esta manera un modelo económico, político y social con consecuencias que seguimos sufriendo.
En las causas a genocidas se sigue avanzando año a año, realizando juicios no sólo a individuos concretos; sino elaborando megacausas por centro de detención clandestino y por circuito (como el juicio Circuito Camps que se está realizando en este momento en nuestra ciudad).
Es importante destacar que todos estos avances desde el 2003 no nacen de un capullo: organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos vienen luchando hace años por esto. Es emblemática en este sentido la lucha incansable de Abuelas y Madres de plaza de mayo por juicio y castigo. Nuestro pueblo no olvida ni perdona, y eso permitió este avance los últimos 9 años.
Sin embargo, reconocer todo esto: ¿equivale a decir que vivimos en el país de los derechos humanos?
De los 1778 acusados sólo el 36% está preso, la mayoría se encuentra libre. Y de los que están presos, la mayoría no se encuentra condenado, sino en prisión preventiva. Además fallecieron sin condena 280 genocidas; lo que quiere decir que hay más que murieron libres que los que se encuentran ya condenados (228). Todo esto nos lleva a pensar que falta mucho en este tema, mucho más de lo que se reconoce desde las tribunas oficialistas, tribunas que nunca mencionan las estadísticas que acabamos de mostrar.
Exigir la aceleración de los juicios es una necesidad, en un momento en que muchos genocidas empiezan a morir sin haber pasado por la justicia. Pero, tampoco la aceleración de los juicios alcanzaría para decir que en Argentina se respetan los derechos humanos.
Derechos humanos y memoria
Estos años, aprendimos a pensar que derechos humanos y memoria es lo mismo. Y nos enseñaron a olvidar las prácticas que siguen reproduciéndose hoy, como la estructura policial y el sistema carcelario argentino, que funcionan con lógicas similares a la de la década del 70.
Jorge Julio López testigo clave del juicio a Etchecolatz y Luciano Arruga joven de la matanza que se negó a robar para la policía se encuentran desaparecidos; y son ejemplos de una práctica que sigue presente en las fuerzas represivas. Carlos Fuentealba y Mariano Ferreyra fueron asesinados por luchar, y muestran nuevas formas de represión, donde se combinan policías provinciales, burocracia sindical y patotas parapoliciales. Podríamos mencionar también a Florencia Pennachi y Marita Verón, secuestradas por redes de trata, o a Sandra Ayala Gamboa, asesinada en nuestra ciudad por ser mujer; y la lista seguiría.
Podríamos mencionar también las cárceles de Buenos Aires, donde hay 30000 detenidos que sufren torturas cotidianamente. Muchos mueren en prisión, y el 75% de estos detenidos todavía no fue encontrado culpable: se encuentran en prisión preventiva.
Todo esto son sólo algunos ejemplos que muestran lo mucho que falta, y lo poco que se hizo en estos años para cambiar de raíz unas estructuras corruptas y represivas, que aún conservan su influencia y se encuentran en connivencia con el poder político.
Trabajo, techo, salud y educación
Es importante señalar, además, algo fundamental. Cuando hablamos de derechos humanos no sólo hablamos de la violencia institucional y la represión de ayer y de hoy. Derechos humanos también quiere decir que tod@s tengan acceso a un trabajo y vivienda digna, a educación y a salud de calidad. Desde el 2003 hasta hoy también hemos avanzado: disminuyó el desempleo y hubo algunas medidas importantes como la asignación universal por hijo.
Pero al mismo tiempo que sucedió esto, durante esto 9 años se acrecentó el trabajo precario, que supera el 50% en el sector privado. Además hoy somos un país más desigual que en el 2003, se acrecentó la brecha entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Y vivienda digna, educación y salud están lejos de ser derechos para tod@s.
No podemos dejar de mencionar, en este sentido, la aplicación de la ley antiterrorista recientemente aprobada, que trata de criminales a quienes luchan por un mundo mejor, y es absolutamente incompatible con los derechos humanos. Y nuestro pueblo, que no olvida ni perdona, no puede permitirla.
Para finalizar
Reconocemos todo lo que hemos avanzado en los últimos años, y sabemos que la situación no es la misma que en el 2003. Pero estos avances que permiten caminar hacia un país con menos impunidad, se chocan y se debilitan con grandes deudas de nuestro presente. Y decir esto no nos vuelve ni necios ni tercos.
Creemos que la única forma de avanzar hacia un país más justo no es quedar aplaudiendo lo que se hizo hasta aquí, sino volviendo a encontrarnos en la calle, construyendo colectivamente todo lo que no se va a construir desde un ministerio, porque necesita un pueblo unido, organizado y en lucha.
